El escándalo que sacude a la justicia venezolana: ¿por qué no liberan a los Guevara?
Un bloqueo que va más allá de lo legal
Desde Colombia, la crisis del sistema judicial venezolano toma otra dimensión. En lugar de avanzar, el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hunde en un laberinto de excusas y dilaciones.
Un fallo clave que no se respeta
El 27 de enero de 2026, la doctora Jackeline Sandoval notificó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia sobre una sentencia del 17 de octubre de 2025 que ordena la liberación inmediata de los Guevara. Pero lo que siguió fue un inquietante juego de pases entre salas y tribunal.
Peloteo y excusas sin fin
La Sala Constitucional la pasó a la Sala Penal, y esta a un Juzgado de Ejecución. Allí, tras esperar más de cuatro horas, no aceptaron la notificación. ¿La razón? La jueza debía leer el anexo completo para confirmar la recepción.
Luego, la abogada fue forzada a salir, con el argumento falso de que «recibir la comunicación era potestad del tribunal».
El trato a la abogada: intimidación y discriminación
Al día siguiente, el tribunal recibió la documentación original y el anexo, pero se negó a firmar la copia que acredita la entrega. Más aún, un alguacil calificó a la doctora Sandoval como «persona de cuidado», gesto que expone la magnitud del amedrentamiento.
Tras horas de espera y sin respuesta, la abogada se retiró sin la copia firmada, mientras el tribunal se apropió de los documentos bajo la excusa de que ya eran sus propiedad.
No es un error, es una estrategia
Este constante intercambio de responsabilidades no son simples fallos procesales: son actos deliberados de desacato que consolidan la crisis institucional y colocan a Venezuela fuera de la legalidad internacional y nacional.
La negativa a cumplir la sentencia no solo desgasta la imagen del Estado, sino que eleva su responsabilidad internacional, amenazando la supremacía constitucional y el respeto al bloque de constitucionalidad.
El costo humano de la inacción
Para Rolando, Otoniel y Juan Guevara, la orden de libertad debería haber sido el cierre definitivo a su calvario. Sin embargo, el desacato judicial convierte su detención en una privación arbitraria con graves consecuencias: tortura psicológica, daño a su integridad y una indefensión agravada.
Un reto para el Sistema Interamericano
Este caso ilumina un problema estructural del sistema: la carencia de mecanismos eficaces para hacer cumplir sus fallos.¿Cómo avanzar si los tribunales nacionales desoyen ordenes claras?
La solución podría pasar por acciones más precisas: señalar individualmente a los funcionarios que bloquean el proceso, habilitando sanciones específicas como la cancelación de visas o congelación de activos.
¿Qué sigue para los Guevara y la justicia venezolana?
Lo que está en juego no es solo la libertad de tres personas, sino la credibilidad de todo un sistema. Mientras persista este desacato, el Poder Judicial prefiere la vergüenza internacional a respetar los derechos elementales.
El tiempo dirá si el sistema rompe esta cadena de rebeldía o si el caso Guevara se convierte en el símbolo más crudo del fracaso judicial.