Ecuador renueva estado de excepción: ¿Fracasa la guerra contra el narcotráfico?
Ecuador al borde del colapso: estado de excepción se prolonga 60 días
El presidente Daniel Noboa acaba de extender el estado de excepción en nueve provincias clave del país. La razón oficial: una «grave conmoción interna» impulsada por la violencia del narcotráfico.
Desde que asumió en noviembre de 2023, Noboa multiplica medidas extremas para contener bandas criminales que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.
¿Qué cambia? Un conflicto armado interno declarado y militares en las calles
En 2024, el gobierno elevó la crisis a un conflicto armado interno para justificar la presencia militar urbana. Sin embargo, esto no ha frenado el avance del crimen y ha generado denuncias por abusos de la fuerza pública.
El decreto de esta semana amplía la medida a provincias estratégicas como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, por donde circula el 70% de la cocaína que entra a Ecuador desde Colombia y Perú.
También se incluyen zonas andinas y urbanas, como Pichincha y Quito, dejando en evidencia que la violencia no es solo un problema territorial sino estructural.
Consecuencias reales: derechos suspendidos y militarización creciente
El estado de excepción suspende derechos básicos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, algo que representa un golpe a las libertades fundamentales en nombre de la seguridad.
Mientras tanto, el reciente fin de un toque de queda nocturno en varias provincias no respondía a una mejora real, sino a un ajuste táctico en la ofensiva contra el crimen, impulsada también con apoyo de Estados Unidos.
¿Qué sigue? Más control militar, menos garantías y una inseguridad enquistada
El país no solo enfrenta un problema de criminalidad sino una erosión de instituciones y derechos ciudadanos. La renovación del estado de excepción anuncia una profundización del modelo de militarización. Hasta ahora, no hay indicios de que esto reduzca la violencia o restaure verdaderamente el orden público.