Jueces en la mira tras bloquear la ley de amnistía
Antonio Ecarri, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la comisión para implementar la ley de amnistía, advirtió que solicitará investigaciones contra jueces que impidan avanzar este proceso legal.
La advertencia surge luego de que tribunales especializados en terrorismo rechazaran recibir solicitudes de sobreseimiento amparadas por la nueva legislación.
Una ley sin aplicación efectiva
Ecarri dejó claro: «Juez que no colabore con la ley de amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación». Además, exigió a jueces y fiscales acelerar la aplicación sin excusas, asegurando que desde el Parlamento hay vigilancia constante sobre este cumplimiento.
Según Ecarri, existen 2.104 casos que deberían ser amnistiados, aunque hasta ahora no se han hecho públicos detalles sobre estas personas.
Un pulso que redefine el poder judicial
El diputado pone el énfasis en que la decisión corresponde a la Asamblea Nacional y que el papel del juez es solo revisar formalmente, no obstruir.
Por otro lado, se contempla que la comisión también revise posibles violaciones de derechos humanos relacionadas con estos casos, un tema vital para la legitimidad del proceso.
¿Qué ocultan los tribunales?
Mientras sectores sociales y sindicatos presionan por un avance real y rápido en excarcelaciones, la realidad muestra contradicciones y exclusiones inquietantes.
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que tribunales especializados rechazan tramitar solicitudes que, según la ley, están autorizadas.
- Organizaciones como Foro Penal confirman decenas de liberaciones, pero cientos siguen presos y excluidos de la amnistía.
- El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habla de miles de solicitudes y «cientos» de liberaciones, pero sin transparencia en los listados.
Esto cambia el escenario político y judicial
La tensión entre legislativo y judicial por la aplicación de esta ley no solo pone en juego el futuro de los detenidos políticos, sino que evidencia una lucha directa por el control y la legalidad en Venezuela.
El próximo paso es claro: las investigaciones a jueces que se nieguen a aplicar la ley marcarán precedentes para la ejecución o bloqueo de leyes clave en el país.