Nombramiento irregular que erosiona la legalidad en Venezuela
El Bloque Constitucional de Venezuela acaba de señalar una grave irregularidad en la designación de Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado. Este nombramiento, decidido tras la renuncia de Alfredo Ruiz, viola claramente la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y la Constitución.
Una violación flagrante de la ley
La Asamblea Nacional no sólo incumplió el artículo 280 constitucional, sino también los artículos 26 y 33, numeral 4 de la ley orgánica que rige esta institución. Según la normativa vigente, ante una ausencia temporal o definitiva del defensor, el cargo debe ser subrogado por el director o directora ejecutiva, y en caso de la ausencia de este, deberá ser el suplente quien asuma temporalmente. Ninguno de estos pasos fue respetado.
¿Por qué esto importa?
Más allá del formalismo legal, la jugada de la AN representa una estrategia para imponer a un exfiscal general que no cumple los requisitos de competencia en derechos humanos, un criterio esencial dado el rol del defensor del pueblo. Saab, con un historial cuestionado en la protección de presos políticos y violaciones a derechos humanos, falla en la función central de esta institución.
¿Qué consecuencias trae esta decisión?
- Rompe la confianza en la institucionalidad y el respeto a la ley.
- Abre la puerta a manipulaciones políticas en un cargo clave para la protección de derechos fundamentales.
- Genera un vacío institucional que puede afectar la vigilancia y garantía de derechos.
- Provoca un precedente donde la ley puede ser obviada en función de intereses políticos inmediatos.
Si esta irregularidad no se corrige, Venezuela verá fortalecer una agenda política que socava sus pocos órganos autónomos y limita la defensa efectiva de los derechos ciudadanos. ¿Estamos ante una simple anomalía o un cambio profundo en las reglas del juego institucional?