Delcy Rodríguez desafía límites de la nueva ley de amnistía
Este jueves en Caracas, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, pidió revisar casos que no entraron en la ley de amnistía para presos políticos, aprobada en la Asamblea Nacional.
La clave: no todos los opositores ni detenidos están contemplados, a pesar de un discurso público que vende una apertura de «justicia» y «paz» en Venezuela.
¿Qué está pasando realmente?
- La ley cubre a personas procesadas en los últimos 27 años, con un filtro en delitos concretos.
- Excluye a quienes incurrieron en violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, literalmente una puerta trasera para evitar amnistías polémicas.
- Excluye también a quienes promovieron acciones armadas contra la soberanía, pero no aclara cómo se define exactamente ese límite.
- El texto plantea que afectados en el exilio puedan actuar por apoderados, pero solo si se ajustan a ciertos procedimientos judiciales que dependen del chavismo.
Delcy celebra la ley y firma para publicarla, pero su llamado a revisar casos no contemplados abre un escenario inquietante: ¿Qué intereses se protegen detrás de esas exclusiones? ¿Quiénes quedarán atrapados sin salida legal mientras se promueve una narrativa de reconciliación?
El futuro inmediato: un control político más que una solución real
La comisión de seguimiento, integrada por diputados oficialistas, será la encargada de filtrar y decidir qué procesos pueden ser atendidos. Esto mantiene un control político importante bajo la excusa de promover justicia.
Mientras tanto, opositores clave, incluidos algunos perfiles mediáticos internacionales, quedan fuera del alcance de la amnistía. Esto podría profundizar la división y generar un enigma jurídico que mantenga presos a ciertos disidentes.
El gobierno presenta avances pero asienta un sistema de poder que regula quién entra y quién no, consolidando un régimen que usa la ley para sostenerse, no para avanzar hacia un Estado de derecho real.