100 días de una presidencia sin respaldo constitucional
El 3 de enero marcó un antes y un después en la crisis venezolana. Dos hechos sorprendentes ocurrieron de golpe: Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron retirados del país por fuerzas militares estadounidenses, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó una figura inédita: la ausencia “forzosa” del presidente, un concepto que no existe en la Constitución.
Con esta maniobra, el TSJ impuso a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sin elección alguna y sin definir un plazo para su mandato. Sin debate ni votación, una figura ajena a la voluntad popular se instaló en el poder.
¿Por qué esto cambia el escenario político y jurídico?
Expertos constitucionalistas son claros: esta situación es una crisis institucional que debe resolverse con elecciones inmediatas, no con atajos legales. Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta del TSJ, afirma que esta transición ilegal debió regirse por artículos vigentes de la Constitución (233 o 234), que establecen límites claros para convocar elecciones en caso de ausencia presidencial absoluta o temporal.
Sin embargo, ni el TSJ ni la Asamblea Nacional tomaron la decisión que manda la ley: declarar formalmente la falta del presidente y convocar elecciones dentro del plazo constitucional. Esto deja a Rodríguez en un limbo legal inaceptable, alargando su mandato de facto más allá de cualquier justificación jurídica.
La trampa de la «ausencia forzada»
Para Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la creación de la «ausencia forzada» es una jugada para evadir la Constitución y evitar el cronograma electoral. Esta figura inventada no tiene ningún amparo legal y busca mantener a Rodríguez en el poder sin límites de tiempo.
La consecuencia es brutal: el TSJ permite a una persona gobernar sin mandatos democráticos, sin ningún mecanismo real de control y sin fecha de fin. Esto no solo es ilegal. Es un golpe al orden institucional y a la soberanía popular reconocida en la Constitución.
¿Qué debe hacerse para restaurar el orden constitucional?
La salida no está en el TSJ, un tribunal a todas luces complaciente con el Ejecutivo ilegítimo, sino en la Asamblea Nacional y las instituciones que representan al pueblo. La única vía legítima es convocar elecciones presidenciales cuanto antes.
El artículo 5 de la Constitución es claro: la soberanía reside en el pueblo. Entonces, la pregunta es sencilla y dolorosa: ¿Permitirán que Delcy Rodríguez siga usurpando un poder que no le corresponde, o el país exigirá elecciones libres para recuperar su institucionalidad?