12 años, miles de patrullas y un teatro de seguridad
Desde 2014, el régimen anuncia los «Cuadrantes de Paz» como la «solución» a la violencia. Oficialmente lanzados en 2019, estos cuadrantes supuestamente patrullan y pacifican zonas delimitadas con apoyo de múltiples organismos.
¿Qué está pasando realmente?
El ministro Diosdado Cabello ha encabezado un relanzamiento desde 2026, repartiendo motos, patrullas y equipos tecnológicos para mantener la fachada de control. Según cifras oficiales, hay 5.336 circuitos comunales alineados con cuadrantes, con 3.614 ya operativos. El discurso oficial insiste en la «cercanía» de policías con comunidad y la «coordinación» de fuerzas públicas y sector popular.
La verdad que no se dice
Doce años después, Venezuela sigue siendo uno de los países más inseguros de la región. El programa no logró reducir ni la criminalidad ni los problemas estructurales en seguridad. Lo que se vende como «pacificación» es en realidad un entramado para mantener un control político y territorial de sectores clave, con instituciones públicas y fuerzas armadas cooptadas.
¿Qué consecuencias trae esta política?
- Aumento del poder político-militar en las calles, consolidando un régimen con control territorial bajo máscara de paz.
- Desvinculación real de los cuerpos policiales respecto a sus tareas de protección ciudadana, sustituidos por un modelo que prioriza la presencia visible y el control social.
- Recursos públicos destinados a mantener la estructura, en vez de iniciativas que realmente combatan la inseguridad y fortalezcan la institucionalidad.
¿Qué viene después?
Mientras el régimen siga apostando por estrategias clientelistas camufladas de seguridad, la crisis en seguridad ciudadana seguirá intacta. La pregunta es si estos cuadrantes no son más que un mecanismo para legitimar el poder territorial del Estado, en lugar de garantizar la protección real a los venezolanos.
Todo esto importa mucho más de lo que parece: la seguridad no puede ser un montaje, y los cuadrantes de paz, en el fondo, reflejan la política que prioriza el control por encima de los resultados.