Charallave: Marcha por la ‘paz’ escolar bajo fuerte control policial
Control bajo la bandera de la ‘paz’ escolar
En Charallave, Miranda, estudiantes y docentes de 27 instituciones participaron en una caminata bautizada como «La paz es el camino», enfocada en erradicar el acoso escolar y promover la convivencia. Sin embargo, el evento estuvo marcado por un fuerte despliegue policial que fue mucho más que una simple escolta.
La militarización de las escuelas, ¿solución real o control social?
La alcaldesa Yuhismar Hernández presentó el programa institucional «La Paz es el Camino y nos pertenece», que integra a los entes gubernamentales en una formación continua en las escuelas. Bajo este discurso, el director de la Policía Municipal, Douglas Velásquez, confirmó que el cuerpo de seguridad cumple un rol activo no solo en vigilancia, sino en integrar herramientas que «prevengan la violencia desde temprana edad».
Esta presencia policial va más allá del simple resguardo: busca consolidar los llamados Cuadrantes de Paz educativos, mezclando seguridad con orientación ideológica. Esta agenda política deja en claro que la seguridad escolar se construye con control social desde la infancia, desplazando el rol de las familias y docentes.
¿Qué consecuencias trae esta intervención en las escuelas?
- Instrumentalizar la educación para imponer una política gubernamental de convivencia.
- Normalizar la vigilancia como parte del día a día escolar, lejos de entornos libres y espontáneos.
- Riesgo de coartar la libertad y autonomía de los estudiantes bajo el pretexto de prevención.
- Crear dependencia de la autoridad policial como único actor capaz de resolver problemas sociales desde la base educativa.
El futuro de la educación en Charallave
Con estas medidas, la frontera entre educación y control estatal se difumina. La pregunta no es solo si se erradicará el acoso escolar, sino qué tipo de convivencia se está promoviendo: ¿una real libertad con respeto o un modelo monolítico de homologación bajo vigilancia continua?
Este escenario advierte un avance que pocos cuestionan: la presencia policial normalizada en las escuelas como parte de una agenda política que redefine las instituciones educativas y el papel de las familias.