Asamblea Nacional: ¿Cumplirá o ignorará la Constitución de nuevo?
Asamblea Nacional reinicia proceso de selección sin base legal clara
La Asamblea Nacional decidió reiniciar el proceso para elegir al fiscal general y al defensor del pueblo, aunque la normativa vigente ofrece caminos legales para cubrir vacantes sin este paso.
Esta movida no es un simple trámite: implica rechazar fórmulas institucionales previstas para garantizar continuidad y estabilidad. La decisión evidencia una intención política de controlar sin respetar la Constitución.
¿Por qué esto redefine el juego político?
Durante más de 20 años, los comités de postulación han operado con un formato legal pero inconstitucional. La Carta Magna de 1999 fue clara: estos comités deben integrar a sectores sociales diversos, no monopolizarse en manos de la representación política.
La intención original era impedir que el Parlamento tenga el control casi absoluto sobre nombramientos claves, abriendo paso a participación real de universidades, gremios y asociaciones civiles.
Sin embargo, leyes orgánicas posteriores dieron marcha atrás. Ahora, más de la mitad de los miembros provienen del propio Parlamento, cerrando ese espacio social y dejando en manos políticas el poder que la Constitución intentó limitar.
¿Qué está en juego para el futuro?
Este nuevo proceso en la Asamblea no solo altera procedimientos legales, sino que abre la puerta a una constante erosión institucional. La pregunta es: ¿quieren realmente volver a una práctica ajustada a la Constitución o perpetuar un sistema de designaciones políticas?
El momento exige una reforma estructural inmediata, no discursos vacíos. Reformar las leyes que controlan los comités de postulación es el único camino para recuperar la Constitución y evitar que la política siga imponiendo agendas por encima del Estado de derecho.