Asamblea Nacional abre puerta a amnistía para procesados: ¿legalidad en riesgo?
La Asamblea Nacional impulsa una Ley de Amnistía que desdibuja límites legales
El jueves 12 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad seis artículos iniciales de la controvertida Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, la discusión se postergó por falta de acuerdo en un punto central: la obligación de los procesados de ponerse a derecho.
Lo que cambió
El texto permite la amnistía para cualquier persona procesada o condenada, siempre que se ponga a derecho al entrar en vigencia la ley. Esto abre la puerta a una amnistía amplia, incluso para quienes no reconocen responsabilidad en presuntos delitos relacionados con hechos conflictivos en el país.
Una agenda política con riesgos para el Estado de derecho
Si bien algunos sectores opositores objetan que la ley presupone culpabilidad y viola principios constitucionales, esta permanece. Representantes del oficialismo defienden la ley como un acto de magnanimidad para la pacificación. Sin embargo, se ignoran las consecuencias reales: ¿qué pasa con la seguridad jurídica y la legitimidad de las instituciones cuando se amnistía a quienes no reconocen ningún delito?
¿Qué viene ahora?
- Se prevé continuar la discusión sobre la obligación de presentarse ante la justicia, pieza clave para evitar impunidad.
- La ley podría beneficiar a miles en el exterior que se declaran perseguidos políticos para obtener beneficios migratorios, aunque muchas declaraciones serían por conveniencia económica, no por razones legítimas.
- Advertencias sobre grupos extremistas que aprovechan estos beneficios para fomentar la división y la confrontación persisten.
- El verdadero desafío está en asegurar que esta ley no socave la legalidad ni estimule la impunidad bajo el falso discurso de paz.
El llamado es claro: bajo ningún contexto la amnistía puede ser una herramienta para eludir responsabilidades ni debilitar el Estado de derecho. La creciente presión política pretende transformar un instrumento legal en una llave para la impunidad, con consecuencias directas para la estabilidad institucional y la seguridad ciudadana.