Prórroga para la Comisión de la Ley de Amnistía aprobada sin discusión
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una extensión de 30 días para que la Comisión Especial continúe evaluando las solicitudes de la controvertida Ley de Amnistía. Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo, reafirmó que esta ley no es para «liberar magnicidas, asesinos, traficantes ni corruptos», pero los números plantean dudas.
¿Qué está pasando realmente?
En solo 60 días, más de 11.400 solicitudes han llegado para acogerse a esta ley. De ellas, 8.084 personas ya gozan de la liberación total y 7.782 más han salido de medidas cautelares. La prórroga busca dar tiempo para manejar esta avalancha que ha dejado muchas preguntas sin respuesta sobre los criterios y el impacto real en la seguridad y la justicia.
Un negocio escondido tras la amnistía
Rodríguez reveló un fenómeno alarmante: venezolanos en el exterior están usando esta Ley como puente para regresar y cumplir funciones políticas bajo el manto del asilo político. Incluso mencionó un fraude orquestado en Estados Unidos, donde abogados en Florida habrían cobrado miles de dólares para tramitar falsos asilos políticos. ¿Quiénes controlan este proceso? ¿Qué consecuencias tiene para la legalidad?
Un capítulo sin cerrar: solicitudes hasta de personas fallecidas
Lo más sorprendente es la existencia de solicitudes firmadas por personas ya fallecidas. Este extremo revela la falta de control y la vulnerabilidad del sistema frente a la manipulación, incubando riesgos para la institucionalidad y la gobernabilidad.
¿A dónde vamos?
La prórroga y estos datos apuntan a que la Ley de Amnistía, lejos de fortalecer la convivencia democrática, puede estar socavando la justicia y alimentando una crisis jurídica. La apertura para conformar el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos, solicitada por la oposición, podría abrir otro frente donde se crucen intereses y debates sobre el futuro político del país.