Amnistía: parche que oculta la verdadera crisis judicial
Amnistía no resuelve el sistema corrupto que genera injusticias
La ley de amnistía se presenta como el remedio definitivo. Basta con aprobarla para cerrar heridas y restaurar la justicia. Pero esa mirada es peligrosa y superficial.
Como abogado penalista y ex preso, sé que el problema va mucho más allá de la individualidad de cada condenado injustamente. El problema es estructural. Es el sistema que permite esas detenciones arbitrarias, el que está roto.
El Ministerio Público es una pieza clave de este engranaje pervertido. A los fiscales se les exige resultados basados en estadísticas de condenas, no en la búsqueda rigurosa de la verdad.
Cuando la lógica premia condenas y no justicia, la prisión preventiva deja de ser una excepción para transformarse en herramienta de presión. No es raro que presos estén meses —incluso años— tras las rejas, enfrentando la opción de confesar incluso delitos que no cometieron a cambio de salir.
La libertad pesa más que cualquier defensa legal. La coacción es real. Y en ese fuego cruzado, la línea entre negociación procesal y tortura institucional es casi invisible.
Casos abundan: personas sin pruebas reales detenidas, evidencias que aparecen y desaparecen al antojo, y fiscales que apelan decisiones judiciales incluso cuando la inocencia está probada, solo para forzar confesiones.
Este sistema no es un error aislado. Es una máquina que fabrica culpables a cualquier costo. La amnistía puede liberar a algunos, pero no cambia el motor que produce estas injusticias día tras día.
¿Qué viene después si ignoramos esta realidad?
El debate público se limita a quién saldrá o no de prisión. Pocos cuestionan por qué siguen entrando allí inocentes. Mientras no se reforme el régimen institucional, legal y moral, los abusos continuarán. La amnistía es un alivio temporal, no una solución estructural.
¿Cuándo la sociedad entenderá que sin transformar el sistema de fondo, estos escenarios se repetirán con distinta forma, pero igual injusticia?