Amnistía en Venezuela: mucho ruido y poca acción
El proceso de amnistía prometido en Venezuela no es ni rápido ni real. Mientras las autoridades hablan de miles de liberaciones, la realidad muestra una burocracia paralizante y filtros judiciales que mantienen presos a cientos de disidentes.
Lo que pasó realmente
La ley exige que los presos políticos y sus familiares soliciten la amnistía en tribunales donde la Fiscalía, defensores públicos y jueces deciden en un plazo de 15 días. Sin embargo, el mismo sistema que los condenó ahora evalúa su libertad, un claro conflicto institucional que retrasa el trámite.
- El Parlamento asegura más de 2.000 liberaciones, pero ONG confirman apenas 109 salidas reales.
- La ley excluye casos clave: narcotráfico, corrupción, homicidio, y sobre todo operaciones militares contra el régimen.
- Más de 600 presos políticos permanecen tras las rejas, incluyendo 180 militares, según Foro Penal.
Por qué esto cambia el escenario político
Esta amnistía no es un gesto de buena fe, sino una maniobra controlada bajo la supervisión de una polémica comisión dominada por aliados del régimen, incluido Nicolás Maduro Guerra. La oposición que participa genera sospechas de colaboración, debilitando cualquier credibilidad.
Los excluidos de forma explícita y los procesos administrativos trabados evidencian que esta medida no busca la justicia ni la reconciliación nacional, sino un control selectivo de la “libertad”.
Qué esperar de aquí en adelante
Sin un cambio real en la estructura judicial y política, la amnistía continuará siendo un instrumento limitado. La lentitud, exclusiones y manipulación institucional amplían la fractura social y mantienen a Venezuela en un estado de inseguridad jurídica y política.
¿Podrán los sectores que impulsan esta agenda ampliar el marco y liberar a todos los presos reales? La respuesta aún está en manos de jueces y diputados con intereses claros. Lo que es seguro es que esta amnistía confirma que en Venezuela la justicia depende más de la política que de la ley.