Familiares de presos políticos, escuchados pero sin garantías reales
La Asamblea Nacional, bajo control chavista, se reunió con familiares de presos políticos para discutir la ley de amnistía, que avanza hacia su aprobación definitiva tras una primera discusión y consulta pública.
El diputado Jorge Arreaza anunció que escucharán testimonios y expertos para reflejar percepciones en la ley, buscando promover «reconciliación y convivencia democrática». Sin embargo, su discurso oculta un dato clave: más de la mitad de los detenidos quedan fuera del alcance de esta ley.
¿Por qué este proyecto divide incluso a los afectados?
El proyecto de ley ampara hechos entre 1999 y enero de 2026, pero excluye periodos críticos (2018, 2020) con numerosas detenciones políticas. Esto deja cientos de presos sin posibilidad de liberación ni beneficios legales.
Foro Penal reporta 426 excarcelaciones desde enero, pero cientos siguen bajo custodia o con restricciones. Las familias exigen transparencia, garantías reales y la inclusión total en la ley, cuestiones que el Parlamento omite.
Qué está en juego y qué puede venir
- La exclusión parcial socava la legitimidad institucional y perpetúa la inseguridad legal.
- El proceso se presenta como conciliador, pero mantiene divisiones profundas que la agenda oficial evita confrontar.
- Si no se amplía la ley, se prolongará el conflicto político y la desconfianza social.
- La presión de familiares y ONGs obliga a reabrir debates sobre principios básicos de justicia y derechos humanos, pero sin cambios concretos aún.
Esto no es solo un trámite legislativo: es la prueba real de la voluntad política para resolver una crisis de legitimidad que impacta la estabilidad, la legalidad y las instituciones del país.