Alerta: Solo 22 parroquias en cuatro estados serán vacunadas contra fiebre amarilla

Vacunación contra fiebre amarilla: solo 22 parroquias priorizadas y un rango de edad limitado

El Gobierno Nacional anunció un plan que limita la vacunación contra la fiebre amarilla a 22 parroquias distribuidas en cuatro estados: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa.

¿Qué implica este enfoque? Solo podrán vacunarse personas entre 1 y 59 años que no cuenten con comprobante de inmunización. La medida excluye a otros grupos poblacionales, mientras se insiste en evitar la revacunación, por el riesgo de efectos adversos.

Los estados y parroquias priorizadas

  • Aragua: Libertador, Camatagua, San Casimiro, Valle Morín, San Sebastián y Villa de Cura.
  • Barinas: Alberto Arvelo Torrealba, Arismendi, Santa Lucía, Alto Barinas, Manuel Palacio Fajardo, Barinitas, Obispos, Libertad, Ciudad Bolivia y Santa Catalina.
  • Lara: Agua Viva, Guerrera Ana Soto y Gustavo Vega León.
  • Portuguesa: Guanare, Guanarito y Trinidad de la Capilla.

Lo que no se dice: un plan con limitaciones que puede poner en riesgo la contención

Esta estrategia se implementa en respuesta al aumento del virus en Suramérica desde 2024, según el Gobierno, pero centra el esfuerzo solo en áreas específicas. La pregunta es: ¿qué pasa con el resto del país? ¿Por qué dejar fuera a otros sectores poblacionales o regiones?

Además, el llamado a evitar revacunaciones se apoya en evitar riesgos, pero ¿están realmente garantizados los controles para que nadie reciba dosis innecesarias? Un error puede generar problemas graves en salud.

Los centros estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días, pero sin una ampliación clara de cobertura, parece más un parche que una solución integral.

¿Qué viene después?

Si la circulación del virus avanza, el plan actual podría ser insuficiente para frenar brotes mayores. El foco limitado en algunas parroquias y en rangos de edad específicos puede generar brechas que la enfermedad aprovechará, afectando economía y estabilidad sanitaria.

La prioridad real debería estar en evaluar riesgos de exposición extensivamente y garantizar protección completa, no solo parcial. La salud pública no puede depender de agendas por zonas o límites rígidos de edad.

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