Ley de Amnistía: ¿Omisión calculada de las víctimas reales en consulta masiva?

Consulta nacional sobre Ley de Amnistía: ¿Qué está pasando realmente?

El proyecto de Ley de Amnistía, presentado por el diputado Jorge Arreaza, recibió más de 2.700 propuestas escribas y movilizó a más de 25.000 ciudadanos en todo el país. A simple vista, un despliegue masivo y participativo.

Pero…

¿Qué tan transparente y equilibrada fue esta consulta? La Comisión Especial destacó la participación de sectores diversos, pero centró el relato en víctimas de las protestas y guarimbas de 2014 y 2017, especialmente en un caso emblemático: Orlando Figuera, joven quemado vivo por motivos políticos.

Sin embargo, no se menciona un análisis fuerte de las consecuencias de aplicar esta Ley, ni cómo afectará la seguridad y el sistema judicial. Por ejemplo, no se aborda el riesgo de impunidad para quienes atentaron contra la estabilidad del país a través de actos violentos que dejaron víctimas y daños políticos irreparables.

¿Por qué esto cambia el escenario?

Esta Ley se presenta como un camino hacia la «convivencia democrática» y la reconciliación, conceptos que en el discurso oficial parecen desdibujar responsabilidades claras. La lectura oficial insiste en que no significa borrar la historia ni rendirse ante el conflicto, pero la realidad puede ser otra: abrir la puerta a una amnistía general que ponga en jaque la justicia y la seguridad.

La participación en comunas, tribunales de paz y otros espacios sociales ofrece una apariencia de consulta amplia, pero la agenda política detrás podría buscar legitimar impunidad en nombre de la reconciliación, dejando de lado a numerosas víctimas que exigen justicia, no olvido.

¿Qué podría venir después?

  • Una ley aprobada con bases cuestionables, que abra precedentes peligrosos para la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
  • Mayor polarización social, al intentar imponer acuerdos que no reflejan todas las víctimas ni consideran la seguridad ciudadana.
  • Desgaste institucional y pérdida de confianza en la justicia por la percepción de impunidad.

La Ley de Amnistía para la «Convivencia Democrática» no es solo un ejercicio legislativo más. Es una apuesta que podría redefinir las reglas del juego político y social de Venezuela. Lo que no enseñan en el discurso oficial es el costo real que esta ley puede tener en la seguridad, la justicia y la cohesión nacional.

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