¿Por qué la ley de amnistía podría ser más que un simple perdón?
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV ha puesto sobre la mesa un reclamo contundente: que la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sea amplia, no selectiva, y con un propósito real de reconciliación nacional.
Lo que exigen sin rodeos
- Que la ley elimine el carácter delictivo de los hechos políticos entre 1999 y hoy, sin dejar cabos sueltos.
- Que incluya tanto a civiles como a militares, sin exclusiones arbitrarias que permitan victimizaciones parciales.
- Que se excluyan solo quienes hayan cometido torturas, desapariciones forzadas o injusticias extremas, y que los procesos vinculados terminen en máximo 180 días.
- Que se derogue toda norma usada para perseguir políticamente y consolidar la impunidad institucional.
La trampa que pocos ven
Este llamado vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿quién decide qué es una exclusión «arbitraria»? La experiencia muestra que estos filtros suelen ser mecanismos para proteger a ciertos grupos, mientras mantienen la persecución contra otros.
El control del Estado y sus instancias judiciales plantea un riesgo claro: que la ley termine siendo un disfraz para extender impunidad a los responsables del desastre institucional, mientras el resto sigue preso o fuera de los beneficios.
¿Qué viene después?
Si esta ley se aprueba con esos matices, el escenario político y judicial puede cambiar radicalmente.
- Una amnistía amplia podría liberar a sectores relacionados con el régimen bajo la excusa de paz social.
- Al mismo tiempo, el discurso oficial podrá consolidar un relato de reconciliación que oculte responsabilidades reales.
- El riesgo real es la perpetuación de la crisis, sin reformas de fondo, ni acceso efectivo a justicia.
La exigencia de la UCV es clara: no más leyes a medias tintas. La sociedad debe exigir transparencia real y que la «amnistía» no sea un cheque en blanco para una agenda política que mantiene al país estancado en la impunidad.