La ley de amnistía: una trampa para legitimar la usurpación en Venezuela
La «ley de amnistía» venezolana no es lo que parece
Lo que se vende como un acto de reconciliación y libertad es, en realidad, una trampa jurídica para legitimar a un régimen usurpador.
¿Qué pasó exactamente?
El proyecto «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática» pretende validar actos normativos emitidos por un órgano (la Asamblea Nacional 2020) que nunca ha tenido legitimidad constitucional según el artículo 138 de la Constitución venezolana. Aceptar esa ley es admitir que quienes controlan el Ejecutivo y el Legislativo, pese a su usurpación, son legítimos.
¿Por qué esto cambia el escenario político y jurídico?
- Se rompe la coherencia del discurso opositor: se niega la validez de autoridades, pero se aceptan sus leyes.
- La amnistía que se ofrece no es una restauración de derechos documentada, sino una «gracia» condicionada, que transforma a presos políticos en beneficiarios del poder ilegítimo.
- La ley iguala como «hechos de violencia» episodios con asimetrías profundas, diluyendo responsabilidades directas del Estado y disimulando una política sistemática de persecución.
- El régimen mantiene el control sobre las libertades a través de tribunales y juzgados dependientes, sin romper con la práctica represiva.
- Se reescribe la historia con una narrativa de reconciliación que evita verdad, justicia y reparación, consolidando la impunidad.
¿Qué consecuencias reales trae esta ley?
La norma convierte la liberación de presos políticos en una concesión arbitraria, no en la consecuencia de la inexistencia de delito ni del debido proceso legal. Legaliza la usurpación y abre paso a que «negociaciones» y «reformas» futuras legitimen más violaciones constitucionales.
En resumen: se cambia la exigencia de justicia por un perdón engañoso que perpetúa el abuso bajo falso marco legal.
¿Qué debería suceder?
La única salida coherente es exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, basados en la nulidad radical de todo acto emanado de estos poderes ilegítimos. No leyes defectuosas, sino el restablecimiento del orden constitucional y la justicia verdadera con investigaciones y sanciones.
¿Qué está en juego?
La legitimidad del sistema jurídico y el futuro de cualquier transición en Venezuela. Aceptar esta ley significa que la usurpación y el abuso se normalizan, y que el derecho pasa a ser solo una moneda de cambio en manos del poder. La libertad no puede construirse sobre esa ficción.
La pregunta no es si esta ley puede sacar presos; es qué precio moral y político estamos dispuestos a pagar por ello. La respuesta debe ser clara: la libertad solo será real cuando se reconozca que nunca debieron estar presos.