Más de 500 trabajadores perseguidos en Guayana exigen mediación urgente
Más de 500 trabajadores judicializados en Guayana exigen acción inmediata
La Fuerza de Trabajadores de Guayana llevó este miércoles un reclamo contundente a la Defensoría del Pueblo en Caracas: basta de persecución, restitución de derechos contractuales y respeto a la libertad sindical.
Daniel Romero, portavoz y ex preso político, reveló datos alarmantes: más de 530 trabajadores están judicializados en Bolívar bajo restricciones graves que limitan su actividad laboral y sindical.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Esta masiva judicialización no es solo un problema laboral. Es una señal clara de que la exclusión política se traslada al ámbito sindical, marginando a un actor clave para la estabilidad económica y social. Mientras sectores políticos se sientan a dialogar, la voz de los trabajadores independientes sigue siendo ignorada.
Sin sindicalistas no hay democracia ni transición justa
Romero denuncia que, aunque la oposición y el gobierno mantienen negociaciones, el tema sindical queda fuera de la agenda pública. La persecución activa y la judicialización indiscriminada demuestran que la transición que promueven no incluye al sector productivo ni el respeto por los derechos básicos de los trabajadores.
La defensora del pueblo reconoció la legitimidad de estas organizaciones, pero este reconocimiento aún no se traduce en cambios concretos que detengan la represión.
La exigencia clave: Amnistía Laboral sin atajos
La amnistía laboral que demanda la Fuerza de Trabajadores es más que necesaria. Los liberados bajo acuerdos limitan su acción sindical debido a medidas judiciales que siguen vigentes. Esto impide una recuperación real de la libertad de asociación y la negociación colectiva.
Qué viene:
- Un llamado urgente a unificar todas las corrientes sindicales autónomas para crear una presión común.
- Exigir liberación definitiva de los presos sindicales y el respeto a convenios internacionales.
- Presionar para que la Defensoría del Pueblo pase del reconocimiento simbólico a acciones concretas que detengan la judicialización.
Esta es una crisis que pocos quieren visibilizar, pero cuya resolución incide directamente en la economía y la legalidad del país. ¿Se permitirá que la transición siga excluyendo a quienes sostienen la producción y el orden social?