Estado social vs Estado liberal: ¿Quién controla realmente el poder?
Venezuela apuesta por un Estado social, pero ¿a qué precio?
La Constitución de 1999 redefine al Estado venezolano como democrático y social, priorizando la justicia social sobre la mera aplicación de la ley. Ya no se busca solo mantener el orden jurídico, sino garantizar derechos como vida, alimentación y vivienda, basados en una interpretación sociohistórica y político-ideológica que conecta con el legado de Simón Bolívar.
¿Un avance o un riesgo invisible?
Este modelo aleja el derecho positivo –fundado en normas claras– para favorecer un derecho contextual y natural, que otorga al pueblo un papel activo como titular y gestor de derechos. En la práctica, esto significa que decisiones jurídicas y políticas están condicionadas a criterios de “justicia social” que pueden relativizar reglas formales y abrir la puerta para intervenciones arbitrarias bajo estados de excepción.
¿Qué implica para la legalidad y la seguridad ciudadana?
La activación de poderes especiales como estados de alarma o emergencia debe velar por la justicia social y la protección a los más vulnerables. Sin embargo, este enfoque puede debilitar la separación de poderes y la institucionalidad, abriendo espacios para el control político centralizado y la suspensión de garantías, bajo la justificación de atender crisis.
El futuro del Estado en juego
Este choque entre el Estado social y el Estado liberal plantea una pregunta clave: ¿puede un modelo centrado en la intervención política para la justicia social mantener la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones? Si la respuesta es negativa, las consecuencias podrían ser más profundas de lo que el discurso oficial acepta.
La discusión va más allá de conceptos ideológicos. Está en juego el respeto por las reglas claras, la protección de los derechos individuales y el equilibrio de poderes que aseguran un Estado funcional, previsible y justo.