Poderes públicos y ONG impulsan ley que podría cambiar el juego en Venezuela
Este sábado, la Asamblea Nacional chavista reunió a autoridades del Poder Judicial y a representantes de ONG para avanzar en la ley de amnistía, una propuesta que pretende borrar casos políticos desde 1999.
Qué ocurrió
La comisión parlamentaria junto a jueces y fiscales clave discutieron el proyecto presentado por Delcy Rodríguez. La mandataria encargada prometió liberar todos los detenidos apenas la ley se apruebe, prevista para esta semana. Participaron ONG como Provea y Foro Penal, que defiende a los presos políticos.
Por qué esto cambia el escenario
Esta ley no solo busca liberar a 687 presos políticos según Foro Penal, sino anula casos abiertos durante más de dos décadas de control chavista. Pero excluye a quienes enfrentan cargos por delitos graves como corrupción y homicidio, una discriminación que podría profundizar la impunidad selectiva. Además, este proceso apura la narrativa oficial de “pacificación”, sin garantizar la restauración del orden ni el respeto a la legalidad.
Qué podría venir después
Si la ley avanza, se abre la puerta a un golpe institucional: miles de procesos judiciales quedan vulnerables y el Poder Judicial se subordinan a intereses políticos. La liberación masiva puede impactar directamente en seguridad y confianza ciudadana. El país enfrenta así una reforma legal con consecuencias directas sobre la justicia y la gobernabilidad, mientras algunos sectores políticos aprovechan para consolidar su agenda bajo el disfraz de reconciliación.