Caos y negligencia atrasan la entrega de cuerpos de venezolanos deportados
Desastre y caos tras terremotos en La Guaira
El doble sismo del 24 de junio provocó el colapso total de las morgues en La Guaira, dejando sin control sanitario la recuperación y entrega de los cuerpos de venezolanos deportados de Estados Unidos.
¿Qué pasó?
Los deportados estaban en el hotel Santuario La Llanada realizando trámites cuando el terremoto destruyó el lugar. Decenas de víctimas quedaron sepultadas y los servicios forenses se saturaron de forma crítica.
Ante la falta de infraestructura, el Cicpc tuvo que almacenar los cadáveres en depósitos provisionales sin las garantías mínimas. Familias como la de Eduardo Osal Mujica denunciaron errores graves en la identificación, hasta casi cremar restos equivocados por el desorden.
Un manejo estatal oscuro y desorganizado
- Los cadáveres fueron transportados en camiones frigoríficos de alimentos porque el hospital José María Vargas no tenía espacio.
- Los cuerpos permanecían expuestos en el suelo, obligando a familiares a reconocerlos por documentos o rasgos particulares.
- El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) limitó la inspección visual, acelerando cremaciones sin reclamos.
- La falta de respuesta oficial obligó a las familias a organizar por su cuenta el traslado, sin supervisión médica.
Información y control fuera del Estado
Las redes sociales y grupos de WhatsApp fueron los únicos canales donde los parientes podían conocer el destino de sus seres queridos. La tragedia se manejó al margen de protocolos y sin transparencia.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La incapacidad estatal en un tema básico como la identificación y manejo post mortem expone la fragilidad institucional ante emergencias.
Además, la improvisación y saturación pueden derivar en graves conflictos legales y sociales, mientras se pierde la confianza pública en la gestión oficial.
¿Qué viene después?
Sin una revisión urgente de protocolos y recursos, este episodio puede repetirse y profundizar la crisis institucional. Familias enfrentan la posibilidad real de ver cómo los restos de sus seres queridos desaparecen en fosas comunes sin una gestión clara.
El reto es recuperar control y credibilidad, evitando que tragedias como esta se vuelvan norma en la atención estatal a emergencias.