Reconstruir La Guaira costaría $2.370 millones y Venezuela no tiene cómo pagarlo
La reconstrucción que nadie quiere enfrentar
Reponer solo las viviendas destruidas en La Guaira, Catia La Mar y Caraballeda costará al menos 2.370 millones de dólares, según un estudio con datos satelitales y demográficos.
Esta cifra representa entre el 2% y 3% del PIB nacional, un golpe enorme para una economía ya tambaleante y sin recursos.
¿Por qué nadie habla claro?
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima 6.700 millones, y otra agencia de la ONU sube la cifra hasta 37.000 millones, incluyendo infraestructura pública, industrial y servicios.
Pero el estudio más ajustado, realizado con inteligencia artificial y datos locales, asegura que ambos cálculos están desfasados y distantes de la realidad en el terreno.
Mientras los modelos internacionales analizan los daños desde oficinas en Nueva York o Ginebra, sin conocer la geografía ni la gravedad real, la evaluación local revela un daño severo concentrado en Vargas (La Guaira), con más de 37.600 personas viviendo en condiciones habitacionales inviables.
¿Qué significa esto para la economía venezolana?
Vargas no es un motor económico, pero tiene valor estratégico por su puerto y aeropuerto. Sin embargo, el problema real está en cómo financiar la reconstrucción con un Estado incapaz de equilibrar sus cuentas.
Honestamente, Venezuela está en situación fiscal inviable desde antes del desastre. Sin acceso real a mercados internacionales ni apoyo financiero rápido de multilaterales, la crisis solo puede empeorar.
Lo que viene: inflación y colapso fiscal
El intento de renegociar una deuda exterior de hasta 240.000 millones de dólares está en pausa. El calendario cambió radicalmente tras el terremoto.
Con ingresos petroleros controlados y limitados, y sin fuentes de financiamiento alternativas, el gobierno tentará la salida fácil: imprimir bolívares.
Esto significa más inflación y una mayor devaluación que afectará a todos los venezolanos.
La reconstrucción en La Guaira no es solo un costo local. Puede ser el detonante de una crisis financiera más profunda, con consecuencias que el discurso oficial no está dispuesto a admitir.