Patricia Velásquez asume el rol que el Estado evitó en la tragedia sísmica
Una ayuda que no debería necesitar mediadores
Patricia Velásquez no esperó instrucciones oficiales. Cuando Venezuela sufrió un doble sismo letal el 24 de junio en La Guaira y áreas cercanas, la actriz y presidenta de la Fundación Wayuu Taya activó una red humanitaria para asistir a los más afectados.
¿Por qué es clave esto?
El gobierno ha mostrado incapacidad para gestionar emergencias de esta magnitud. Con más de 3,334 muertos, 16,740 heridos y 17,345 damnificados, la tragedia expone la fragilidad institucional y el vacío en la administración pública para proteger a los ciudadanos.
En un país donde las instituciones básicas no responden, la respuesta recae en organizaciones privadas y figuras con recursos propios. Velásquez coordinó esfuerzos con CORE, Direct Relief, Food for the Poor, Good Neighbors y Acceso para llevar alimentos, kits de higiene y limpiar escombros no solo en La Guaira sino también en el epicentro, Morón, y regiones circundantes.
¿Qué viene ahora?
La pregunta no es si estas acciones filantrópicas serán suficientes, sino qué hará el Estado para recuperar legitimidad y capacidad operativa frente a catástrofes. Sin un cambio profundo en seguridad, logística y apoyo institucional, Venezuela seguirá dependiendo de iniciativas aisladas impulsadas por sectores civiles con voluntad, no por una gestión pública eficiente.
Este episodio desnuda una crisis de fondo: cuando las estructuras estatales fallan, la providencia social queda en manos de quienes pagan la cuenta. Esto importa más de lo que parece. No es solo solidaridad. Es un llamado urgente a redefinir responsabilidades y prioridades en un país al borde del colapso institucional.