La amnistía que no es para crímenes, sino para juicios viciados: ¿qué ocultan?
Amnistía: no para delitos graves, sino para fallos judiciales cuestionados
En Venezuela, el debate sobre el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática revela una paradoja clave que pocos analizan. Oficialmente, la amnistía no aplica a crímenes de lesa humanidad —como desaparición forzada o tortura— pero sí busca liberar a personas víctimas de juicios viciados, según dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué pasó con Rolando, Otoniel y Juan Guevara?
Estos tres ciudadanos han sufrido por dos décadas un proceso penal claramente irregular, denunciado como tal por expertos jurídicos y organismos internacionales. El Estado venezolano enfrenta hoy un dilema institucional: ¿cómo rehabilitar el sistema sin imponer impunidad a delitos irreparables?
El proyecto enfrenta una paradoja constitucional
El Artículo 3 del proyecto excluye de la amnistía delitos graves para evitar impunidad, pero reconoce que la condena a los Guevara provino de una persecución judicial viciada. Aquí el texto no se equivoca: no se perdonan los crímenes originales, sino el error judicial que llevó a condenas injustas.
El Capítulo IV del proyecto, en sus artículos 11 y 12, abre la puerta para aplicar amnistía cuando un juicio ha quebrantado la imparcialidad y garantías judiciales, especialmente tras fallos de la Corte Interamericana que confirman violaciones procesales. Es el caso Guevara.
¿Qué cambia este enfoque?
- Libertad inmediata para los Guevara, amparada en un mandato internacional y no solo en una ley nacional.
- Marco legal claro para ejecutar esta orden sin que signifique impunidad por delitos graves.
- Obligación del Estado de reparar la confianza en las instituciones judiciales a través de la reconciliación y eliminación de antecedentes.
¿Qué viene después?
La amnistía, lejos de ser una concesión, se convierte en una herramienta necesaria para que Venezuela cumpla con sentencias internacionales, restaure la legalidad y depure su administración de justicia. Ignorar este hecho sería prolongar la crisis institucional y socavar la confianza ciudadana. ¿Estamos preparados para aceptar esta realidad incómoda?