Regiones movilizan decenas de toneladas en ayuda tras terremotos: ¿qué no se cuenta?
Una movilización masiva que no refleja la gravedad real
Este lunes, varios estados enviaron más de 300 toneladas de alimentos, medicinas y herramientas hacia el centro del país tras los terremotos del 24 de junio. Mérida despachó 12 toneladas, Trujillo 40 toneladas, Apure 52 y Táchira 175 toneladas, mientras Barinas organiza envíos coordinados para evitar el colapso logístico.
¿Qué implica esta «solidaridad» regional?
Aunque el movimiento parece un gesto de unidad, la realidad es que la ayuda humanitaria, impulsada por sectores empresariales y grupos organizados, evidencia la incapacidad del Estado para responder con eficiencia a la emergencia. La dependencia casi exclusiva del esfuerzo regional para el traslado y custodia de insumos revela fallas crónicas en la gestión y la logística estatal.
Además, el despliegue gradual y la necesidad de repetir envíos apuntan a un horizonte de crisis sostenida que no se resuelve con donaciones aisladas.
¿Qué nos espera?
Esta cadena de envíos refleja un escenario donde la coordinación institucional es aún insuficiente, y la recuperación es un proceso largo y complejo. La emergencia puede extenderse semanas o meses, afectando la seguridad alimentaria y sanitaria de las zonas perjudicadas. Sin un plan integral estatal que garantice transparencia, entrega efectiva y continuidad, la ayuda corre el riesgo de quedar atrapada en la burocracia o perderse en el camino.
Lo que no se dice es que, detrás de esta aparente unidad, la capacidad real del sistema público para enfrentar desastres naturales sigue siendo cuestionable.