Terremotos en Venezuela: ¿Dónde estuvo el Estado durante años de advertencias claras?
Alerta ignorada y recursos desperdiciados
El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un terremoto de gran magnitud. Cinco días después, la cruda realidad golpea: el Estado no actuó con la seriedad ni planificación que la historia y la ciencia exigían.
Datos claros, respuestas ausentes
Caracas tiene registro de terremotos catastróficos, en promedio, cada 60-70 años. Expertos geológicos internacionales y nacionales anticiparon desde hace décadas el epicentro del evento. Estudios y mapas de riesgo sísmico existen desde los años 80. La Universidad de Zaragoza y científicos de renombre han señalado este patrón hace más de 30 años.
Sin embargo, pese a contar con ingresos petroleros de hasta un billón de dólares entre 2004 y 2014, la inversión pública en prevención y preparación fue insuficiente o inexistente.
Transparencia inexistente, plan de acción sin publicar
Cuatro horas y media después del sismo, Funvisis apenas emitió un reporte preliminar, mientras que sus pares en Colombia y EE.UU. reaccionaron con información clara y oportuna. Lo más alarmante es que, a la fecha, el Gobierno no ha divulgado el Plan de Acción Específico contemplado en el decreto que declara el Estado de Emergencia, documento esencial para coordinar la participación ciudadana y privada en la emergencia.
La opacidad oficial limita la ayuda ciudadana espontánea, fragmenta la información e incrementa el riesgo de desinformación y caos.
La gestión pública suspendida ante la inevitable tragedia
La gestión pública debe garantizar el uso estratégico y transparente de los recursos estatales y normar la coordinación para proteger a los ciudadanos. Pero el caso venezolano expone una falla institucional grave: planes obsoletos, falta de actualización, retrasos y ausencia de liderazgo.
El Estado acumuló años de advertencias científicas y millonarios recursos, pero no tradujo esto en políticas efectivas de prevención. El resultado es un desastre con consecuencias humanas y sociales que podrían haberse reducido.
¿Qué sigue?
Sin un plan claro y transparente, ni información confiable, la recuperación será aún más difícil. La participación ciudadana seguirá limitada y el margen para errores será grande. La exigencia ahora es que se publiquen y ejecuten estrategias reales y que se rinda cuentas. La tragedia no puede convertirse en pretexto para la improvisación y el ocultamiento.
El tiempo para debate ideológico terminó. Aquí hablamos de derechos ciudadanos, seguridad y el deber irrenunciable del Estado de proteger a su población.