Venezuela apunta a perdonar delitos políticos en masa desde 1999
La Asamblea Nacional reveló el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que pretende borrar antecedentes de delitos políticos cometidos en Venezuela desde 1999 hasta 2026. El diputado Luis Florido confirmó que la norma busca “reconciliación nacional”, pero esconde una reforma con impacto real en el sistema judicial y la seguridad ciudadana.
¿Qué propone exactamente esta ley?
El artículo 6 es el pivote de esta iniciativa. Concede amnistía general a todos los procesados o condenados por «delitos políticos o conexos» en los últimos 27 años. Incluye protestas, paros y enfrentamientos que han marcado la política venezolana reciente. Aunque excluye violaciones graves como homicidios, narcotráfico y delitos mayores, abre la puerta para la liberación masiva de presos políticos y la anulación de procesos penales relacionados.
Un cambio que redefine la justicia y puede alterar la estabilidad
Este proyecto, aprobado en primera discusión, pasará por consulta pública y una segunda votación antes de ser sancionado por el Ejecutivo. Aunque oficialistas lo promueven como un paso hacia la «convivencia democrática», lejos de ser solo un gesto político, esta ley puede desmantelar procesos judiciales y afectar la aplicación real de la ley en Venezuela.
¿Qué viene después?
- Un posible aumento de liberaciones sin procesos claros.
- Impacto directo en la credibilidad de las instituciones judiciales.
- Riesgo de que la amnistía sirva para evitar responsabilidades en casos críticos.
- Un cambio real en el mapa político y social del país, con consecuencias en seguridad e institucionalidad.
Este proyecto no es solo un tema legal, es parte de una agenda política que reconfigura el concepto de justicia y legalidad en Venezuela. La pregunta es: ¿quién gana y quién pierde con esta amnistía masiva?