Amnistía general para delitos políticos: la apuesta que podría desarmar la justicia en Venezuela
El diputado Luis Florido dio a conocer el texto del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que pretende perdonar todos los delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2026. Así, la iniciativa abre la puerta para la liberación masiva y la extinción de procesos penales relacionados con episodios de violencia política.
¿Qué implica esta ley?
El artículo 6 es el núcleo del proyecto: amnistía general para todo aquel procesado o condenado por delitos políticos o conexos dentro del amplio periodo indicado. La ley exceptúa delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidios intencionales y narcotráfico, pero la definición de «delitos políticos» es lo suficientemente amplia para cubrir protestas violentas, paros y enfrentamientos que han afectado la estabilidad y seguridad nacional.
Un cambio de escenario con riesgos claros
El proyecto avanza luego de la primera aprobación en la Asamblea Nacional y seguirá un proceso de consulta pública y segunda discusión antes de llegar al Ejecutivo. Oficialismo y sectores políticos afines publicitan esta ley como el camino para la «reconciliación social», sin embargo, estas medidas no desmontan la incertidumbre sobre la impunidad y el debilitamiento del sistema jurídico.
¿Qué queda fuera del debate?
¿Quién controla que esta amnistía no se convierta en un paraguas para evitar rendiciones de cuentas críticas? La ley no logra despejar dudas sobre el impacto en la seguridad jurídica ni en la capacidad de las instituciones para garantizar justicia efectiva. Además, la concesión amplia de amnistía podría legitimar la violencia política y socavar el estado de derecho.
Lo que sigue
- La ley será sometida a consulta y segunda votación en la Asamblea.
- Si se aprueba definitivamente, podría acelerar liberaciones y anular antecedentes judiciales por delitos políticos.
- Este movimiento puede redefinir el mapa político venezolano pero también abrir la puerta a más incertidumbre legal y menos controles.
Esto no es solo una ley más; es un punto de inflexión con consecuencias que pocos quieren reconocer. ¿Estamos frente a un genuino esfuerzo de convivencia o ante un riesgo para la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que ya está debilitada?