Jorge Rodríguez impulsa una ley desde ‘las catacumbas del pueblo’: ¿quién realmente manda?

El Parlamento que no representa: legislando desde las catacumbas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que los diputados no están para representar, sino para «acompañar y canalizar la expresión directa del pueblo». Para ello, instó a abandonar las instituciones y salir a las comunidades, legislando desde lo que él llama «las catacumbas del pueblo».

¿Qué implica esta idea?

Lejos de ejercer control formal dentro del Parlamento, Rodríguez propone desplazar el centro del poder legislativo al activismo territorial impulsado por ciertos sectores políticos afines. Esto rompe el principio básico de representación y crea un canal paralelo donde solo se escuchan narrativas afines, sin debate institucional ni contrapesos.

El peligro real para la legalidad y las instituciones

  • Esta estrategia erosiona la separación de poderes y la formalidad del Legislativo.
  • Legislar «desde las catacumbas» reduce la transparencia y la rendición de cuentas.
  • Introduce la idea de que la ley surge del clamor de grupos ideológicos en las calles y no del proceso democrático.

En la agenda: Ley de Hidrocarburos y Ley de Amnistía

Rodríguez ordena a sus diputados explicar la Ley de Hidrocarburos como una herramienta para convertir los recursos naturales en inversión social. Sin embargo, no detalla cómo se asegurará la eficiencia o la competencia, lo que plantea dudas sobre la gestión real y la seguridad jurídica.

Respecto a la Ley de Amnistía, busca incluir reparaciones para víctimas de violencia política, pero también una agenda de impunidad que no enfrenta verdaderamente la justicia ni la rendición de cuentas.

¿Qué seguirá?

Si se consolida esta forma de legislar, se podría profundizar la ruptura institucional y la politización extrema de las leyes. El país caminaría hacia un modelo donde la legalidad se ajuste a grupos ideológicos y no a normas claras, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la inversión.

¿Estamos ante un nuevo modelo de poder que expropia la función legislativa para imponerse vía calles y asambleas paralelas? La pregunta queda abierta mientras la oposición y sectores críticos siguen sin hablar claro sobre estas prioridades.

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