La caja negra de Citgo: lo que no quieren que los venezolanos sepan
Un regreso que desnuda más que reconciliación
Mientras Dinorah Figuera vuelve a Venezuela sentada con acusados de corrupción, la realidad oculta acelera: una batalla por el dinero público y los activos clave sigue en pie, y no en la arena política visible.
Estados Unidos y la última carta institucional venezolana
El encuentro no es casual. Respaldado e incluso ordenado desde Washington, el reencuentro entre Figuera y Jorge Rodríguez apunta al control del Consejo Nacional Electoral, ese organismo clave que Washington aún reconoce en la Asamblea Nacional de 2015 como único legítimo. ¿Por qué importa? Porque cuando se desmorona el interinato de Guaidó, surge la pregunta: ¿a quién respaldan? A Maduro no. A cambio, dejan vivo a ese órgano que maneja decenas de millones en activos públicos. ¿Qué pasó con ese dinero? Según datos oficiales, de 340 millones quedan apenas siete, usados en su mayoría para pagar salarios y financiar activistas políticos del llamado G4, algo ilegal bajo cualquier ley nacional o internacional.
Citgo y la pérdida de la joya petrolera
Citgo no es solo una empresa de refinación en EE.UU., es el mayor activo estratégico venezolano en el exterior. Protegida legalmente para evitar embargos, terminó prácticamente cedida a acreedores bajo el argumento judicial del «alter ego»: que el Estado usó Pdvsa y Citgo como su caja chica. La justicia estadounidense no solo validó esa tesis; la extendió al llamado gobierno interino, agravando la situación y elevando las órdenes de embargo de mil a 19 mil millones de dólares. Un juez y cortes federales confirmaron que tanto Maduro como Guaidó manejaron a Citgo irresponsablemente, pero lo último que enfrentan es una investigación real.
La opacidad y la corrupción dentro del interinato
No hay estados financieros de Pdvsa desde hace siete años, ni un balance claro sobre el destino de millones de dólares públicos en Estados Unidos y Europa. Destacan casos escandalosos, como 75.000 dólares usados para una boda familiar de un alto funcionario del interinato o transferencias millonarias a fundaciones con vínculos dudosos, incluyendo a figuras respetadas que merecen una investigación sin grietas ni favores. En la sombra, se gasta dinero en campañas para desacreditar a críticos y desviar la atención del desfalco real.
La deuda social ignorada
Mientras los recursos se agotan, los trabajadores petroleros despedidos y perseguidos durante años claman por justicia y pagos que no llegan. La oposición que controla Pdvsa ad hoc no ha asumido ninguna responsabilidad con quienes sufrieron la peor parte del régimen anterior. No se trata solo de finanzas, sino de ética y reparación, un capítulo que también se deja de lado para proteger a gestores cuestionados.
¿Por qué atacar a quienes hablan?
Francisco Rodríguez, el economista que revela lo que otros callan, fue atacado por negarse a usar la economía como arma política. Rechazó la estrategia que protegía intereses políticos a costa del país y alertó que quebrar Pdvsa no derribaría a Maduro, solo perjudicaría al pueblo. Esa honestidad molestó a sectores entronizados, que prefieren la propaganda sobre la verdad.
El gran vacío: ¿quién investiga?
Si la Asamblea Nacional de 2015 no cumple con su deber de investigar el destino de decenas de millones de dólares y proteger el patrimonio, el abandono será total. No hay espacio para la impunidad ni para que los responsables desaparezcan en el olvido con excusas legales. La exigencia es clara: rendición de cuentas, auditorías públicas y un examen profundo donde se revele, con documentos, cuánto se desvió y quién se benefició.
La pregunta que nadie responde
¿Por qué la caja negra de Citgo sigue cerrada? No es solo un asunto técnico o económico. Es el reflejo de un país donde el poder transfiere activos estratégicos, subvenciona intereses partidistas y desprecia a sus propios ciudadanos. Exigir abrir los libros no es un lujo intelectual; es una urgencia para redirigir la política, la economía y restaurar la legalidad que cada venezolano tiene derecho a demandar.