Reforma Penal en Zulia y Lara: ¿Solución real o nueva burocracia?
Reforma penal en Zulia y Lara: arranca la consulta
En Zulia y Lara se instalaron mesas de trabajo para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, con la participación de autoridades civiles, policiales y judiciales.
¿Qué ocurrió?
La Fiscalía y la Comisión Presidencial propusieron un diagnóstico del sistema penal, buscando superar sus fallas estructurales. Destacan la urgencia de proteger a las víctimas, corregir los retrasos procesales y regular el uso excesivo de prisión preventiva.
El fiscal general Larry Devoe insistió en que el Estado debe proteger a las víctimas, mientras en Lara se anunció el inicio de concursos para fiscales, comenzando en Caracas y luego extendiéndose a otras regiones.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La reforma intenta articular los poderes del Estado bajo una sola agenda, dejando de lado las críticas dispersas. Sin embargo, el enfoque sigue sin enfrentar las causas reales del colapso judicial: la falta de recursos, la impunidad y la influencia política dentro de tribunales y prisiones.
Además, el diputado Jorge Arreaza admite que la justicia penal está marcada por desigualdad social, mientras que la defensora del pueblo apunta a la necesidad de humanizar procesos judiciales sin tocar la raíz del conflicto institucional.
¿Qué podría venir después?
Podemos esperar un ajuste técnico con propuestas y una nueva generación de fiscales, pero sin garantías de cambio real. La reforma corre el riesgo de convertirse en un proceso protocolar que mantenga el statu quo, mientras las cárceles y la inseguridad siguen creciendo.
La inclusión de normativas indígenas es relevante en Zulia, pero no resolverá la crisis del sistema nacional. La verdadera pregunta es si este esfuerzo institucional logrará romper con las estructuras que perpetúan la falla y desigualdad en la justicia penal, o si será otro discurso fuera de sintonía con la realidad.