Amnistía legítima sí, impunidad para corruptos no
Amnistía: herramienta política, no excusa para la impunidad
La amnistía elimina consecuencias legales de ciertas acciones, como si nunca hubieran existido. Pero no es un cheque en blanco para todos.
Es una norma dictada por el parlamento que busca normalizar la vida pública, generalmente tras conflictos políticos, pero excluye delitos graves y crímenes de lesa humanidad.
¿Qué está en juego hoy en Venezuela?
La Constitución venezolana prohíbe la amnistía para delitos contra derechos humanos y crímenes de guerra. Sin embargo, vivimos bajo un régimen donde oficiales y colectivos armados han cometido abusos sistemáticos: torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
La sociedad exige amnistía para quienes fueron procesados por oponerse a esta dictadura, no para quienes violaron derechos humanos o se enriquecieron saqueando el país.
La verdadera línea divisoria: amnistía versus impunidad
- Amnistía debe aplicarse a presos políticos y ciudadanos perseguidos injustamente.
- No puede cubrir a funcionarios corruptos ni a criminales protegidos que disfrutan de impunidad mientras miles permanecen encarcelados sin culpa.
La indignación crece al ver a corruptos relacionados con PDVSA beneficiarse de medidas cautelares y salir en libertad, mientras muchos inocentes siguen presos.
¿Qué debe incluir una ley seria de amnistía?
- Una depuración real, sin permitir que se blanquee a los victimarios del régimen.
- La derogación de leyes represivas e inconstitucionales que criminalizan la disidencia y sojuzgan al ciudadano.
- La reinserción de Venezuela en sistemas internacionales de derechos humanos para garantizar justicia y protección efectiva.
La amnistía es necesaria para sanar a la nación, pero nunca debe ser pretexto para soltar a quienes destruyeron la justicia y la economía venezolana.
Que no nos vendan la oro y el moro: amnistía sí, impunidad no.