Reforma penal en Aragua: ¿Quién realmente decide el futuro de la justicia?
Reforma de la justicia penal en Aragua: ¿un cambio real o una fachada política?
Este lunes, en el teatro Ateneo de Maracay, se instalaron mesas de trabajo para debatir la llamada «transformación estructural» de la justicia penal. Participaron comunas, organizaciones de mujeres, jueces de paz y actores locales del sistema judicial, bajo la conducción del fiscal general Larry Devoe y con respaldo político de la gobernadora Joana Sánchez y otros representantes institucionales.
El discurso oficial promete elaborar un diagnóstico conjunto y una hoja de ruta para reformar la justicia penal. Además, se anunció el relanzamiento de un proceso de selección para cargos de fiscales y auxiliares.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Esta «consulta nacional» apunta a consolidar una agenda política que apunta a intervenir y controlar las instituciones judiciales clave. La participación amplia se dirime desde el aparato estatal, lo que borra cualquier independencia real del proceso.
El riesgo no es solo la estructura judicial, sino la concentración política en un sistema que debe garantizar seguridad y legalidad sin sesgos.
¿Qué viene después?
Estos debates se replicarán en todo el estado Aragua. La verdadera cuestión es si servirán para fortalecer la institucionalidad o serán solo un paso más hacia la politización de la justicia. Lo que está en juego es la credibilidad y efectividad del sistema penal en un estado que ya enfrenta serios desafíos de seguridad.