EE.UU. opera en Venezuela con aval oficial: ¿pérdida total de soberanía?
Operativo conjunto en Bolívar: un nuevo capítulo en la cesión de soberanía
El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo una operación en el estado Bolívar que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Este hecho, más que un golpe al crimen, revela una coordinación inédita entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez.
¿Qué está pasando con la soberanía venezolana?
Provea dejó claro que esta intervención no es solo un acto aislado: es la primera vez que la presencia militar estadounidense es pública y notoria en territorio venezolano, bajo la complacencia del poder local. Esto pone en entredicho la independencia y control efectivo del Estado sobre sus fronteras y su seguridad interna.
Lo más preocupante no es solo la ejecución de Niño Guerrero, sino la falta de transparencia respecto a los acuerdos que sustentan esta colaboración y el destino de civiles en la zona. Provea ya había solicitado información sobre operativos previos en Bolívar, sin respuestas.
¿Qué consecuencias enfrentarán las instituciones?
Este episodio destapa una cuestión clave: la lucha contra el crimen organizado no puede justificar la violación de la Constitución ni el pacto tácito con fuerzas extranjeras para operar libremente dentro de Venezuela. Además, abre interrogantes sobre el papel de las instituciones nacionales —fiscalía, defensoría— ante posibles ejecuciones extrajudiciales.
Si el Estado renuncia a su ejercicio soberano y deja entrar tropas foráneas con una agenda propia, la crisis institucional se profundiza. Más aún en regiones sensibles como el Arco Minero, que antes sufrieron abandono y ahora enfrentan intervención militar externa.
¿Qué sigue para Venezuela?
Este caso no puede quedar en un capítulo aislado. La exigencia de transparencia es mínima ante un escenario donde no solo se pierde dominio territorial, sino también control legal y político de las operaciones de seguridad. Sin cambios firmes, la puerta queda abierta a más intervenciones que rebasen cualquier norma constitucional, con impactos directos en la seguridad y la legalidad del país.