Venezuela entrega a Shell la llave del gas: ¿El fin del veto y sus riesgos?
Shell entra al juego gasífero venezolano
El Gobierno de Venezuela acaba de otorgar a la británica Shell la licencia para explotar el campo gasífero Loram, una zona con siete yacimientos, seis de ellos compartidos con Trinidad y Tobago. La decisión, oficializada el 11 de junio, abre la puerta a un cambio que pocos anticipaban.
¿Por qué es relevante esto?
La autorización no solo implica el desarrollo energético inmediato, sino que ha sido posible tras una reforma legal que busca impulsar la inversión privada bajo el paraguas de acuerdos con Estados Unidos. Esto rompe años de aislamiento económico y restricciones internacionales.
Delcy Rodríguez confirmó que la licencia busca un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación”. Además, se firmaron acuerdos con Shell para fortalecer la producción petrolera en el estado Monagas, elevando expectativas sobre aumento de reservas e ingresos.
Lo que no cuentan: el cambio de escenario institucional y estratégico
- El giro marca una apertura a inversión extranjera después de años de nacionalización y control estatal extremo.
- Se activa una alianza técnica y financiera con Shell, lo que significa dependencia de una empresa extranjera para explotar uno de los recursos clave del país.
- Esto provoca un cambio en las reglas del juego energético regional, afectando la influencia de otros países en el Caribe y en el sector gasífero.
- La supervisión de infraestructura se reactiva con inspecciones conjuntas, pero no se detalla cómo se garantizará control efectivo ni beneficios reales para el país.
¿Qué viene después?
El éxito de esta estrategia dependerá de la ejecución y transparencia en un contexto donde la legalidad y la institucionalidad están en entredicho. Una apertura sin controles puede exponer a Venezuela a riesgos geopolíticos y económicos, además de generar dependencia de actores externos en medio de un escenario regional cada vez más competitivo.
Esta maniobra podría ser el primer paso para un cambio económico más profundo o, por el contrario, un debilitamiento de la soberanía energética, dejada en manos de una agenda que pocos anuncian con claridad.