Silencio oficial: los traslados de presos en Venezuela al borde de la desaparición forzada
¿Dónde están los presos? El Estado se juega mucho más que credibilidad
El abogado y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, lanzó una advertencia directa al Estado venezolano: deben notificar con precisión el destino y situación de los presos. La falta de esta información no es sólo opacidad, es posible desaparición forzada, un delito grave penado hasta con 25 años de prisión según el Código Penal.
Lo que ocurrió
El pasado 3 de junio, los últimos presos políticos que permanecían en El Helicoide fueron trasladados sin comunicación clara sobre su paradero. Familiares y organizaciones denunciaron la ausencia de información oficial, mientras solo se alcanzó a escuchar que algunos presos iban a la cárcel de Tocuyito, en Carabobo.
Himiob recordó a los funcionarios que mover detenidos sin notificar su destino viola el Artículo 180-A del Código Penal y que el delito se considera continuado hasta conocer el paradero de la víctima.
Por qué esto cambia el escenario
Esta situación no es un hecho aislado ni menor. Cuando un Estado tolera o impulsa el desconocimiento de la ubicación de presos, abre la puerta a delitos graves que erosionan la legalidad y la confianza institucional. Además, alimenta la destrucción del sistema penitenciario y la violación sistemática de derechos fundamentales.
Las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunciando el cierre de El Helicoide tras la captura de Nicolás Maduro, no solo resultan prematuras, sino que aumentan la presión para que se garantice transparencia en cualquier traslado de presos.
Qué viene ahora
- Exigir información pública y detallada sobre el paradero y condiciones de los detenidos.
- Supervisión internacional sobre el cumplimiento de normas legales en prisiones venezolanas.
- Posibles procesos legales contra funcionarios que incumplan la obligación de notificar.
- Un creciente cuestionamiento a la integridad del sistema penitenciario y la administración pública.
¿Hasta cuándo el silencio del Estado permitirá violaciones que deslegitiman su propia autoridad? La transparencia en la gestión de presos no es opcional, es una cuestión de legalidad y seguridad nacional.