Traslados ilegales de presos políticos en El Helicoide destapan violación masiva de derechos
Silencio oficial y traslados opacos en El Helicoide
El miércoles, al menos cinco presos políticos fueron trasladados sin notificación alguna desde El Helicoide, sede clave del Sebin, a cárceles dispersas en el país. Familiares y abogados quedaron excluidos de este movimiento, que apunta a diluir el control y la visibilidad sobre detenidos políticos.
Impunidad y revictimización: la estrategia del régimen
Los traslados nocturnos, confirmados por la coordinadora del Comité para la Liberación de los Presos Políticos, Andreína Baduel, se produjeron pasadas las 6:00 p.m. Sin registro oficial ni aviso, se usaron seis autobuses para dispersar a los detenidos entre cárceles como Tocuyito, La Planta, Yare y Rodeo I.
Esto no sólo viola los derechos elementales de los presos, sino que castiga a sus familias con incertidumbre y pérdidas. La suspensión absoluta de visitas y el despliegue policial para impedir información revelan una política sistemática para silenciar y controlar a los presos políticos.
El Helicoide sigue activo pese al discurso oficial
La maniobra ocurre después de que funcionarios internacionales y el gobierno intentaran vender el cierre del Helicoide y su transformación en espacio social. La realidad es otra: el centro sigue funcionando como cárcel y principal centro de tortura, lo que el régimen intenta ocultar con traslados irregulares y la negación de acceso a información.
El costo real: familiares y presos en el limbo
Casos como los de Jackson Vera y Ricardo Cariel, trasladados sin aviso, ilustran el calvario de empezar desde cero. Las familias luchan para localizar a sus seres queridos y garantizarles condiciones mínimas, mientras la cifra de presos políticos ronda los 600 en todo el país.
Una agenda llena de falsas promesas y continuas violaciones
Aunque el régimen anuncia liberaciones masivas, las verificaciones oficiales arrojan menos de 50 excarcelaciones recientes. Esto revela la falta de voluntad real para cerrar una crisis de violaciones sistemáticas que mantienen a Venezuela en un estado de ilegalidad y represión constante.
¿Qué queda tras este silencio?
El régimen usa la manipulación y la dispersión para fracturar la resistencia. Pero la denuncia persistente de las víctimas y sus familias pone sobre la mesa la verdad que buscan ocultar: la violencia institucionalizada no cesa, y la comunidad internacional debe dejar de aceptar discursos oficiales vacíos y mirar de frente esta realidad.