La supuesta apertura que esconde la Ley de Amnistía
Jorge Rodríguez lanzó la Ley de Amnistía como el punto de arranque para un diálogo nacional. Pero hay un detalle clave: esto sólo incluye sectores considerados políticamente aceptables, excluyendo a quienes realmente buscaron desestabilizar la nación.
¿Qué pasó?
En un encuentro con representantes del Gran Polo Patriótico y partidos de oposición, Rodríguez defendió una Ley de Amnistía que permita a ciertos actores políticos reincorporarse, dejando fuera a quienes apoyaron la invasión y ataques violentos contra el país.
Dos comisiones son el centro del nuevo esquema: una para convivencia democrática y paz, otra para establecer canales con la oposición. Todo bajo la promesa de consenso y aprobación unánime en la Asamblea Nacional.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La ley no es un gesto equitativo; es un filtro político que excluye actores clave para un diálogo sincero. Ignorar la responsabilidad real de quienes incitaron la violencia y la subversión significa perpetuar una agenda que confunde paz con impunidad selectiva.
En verdad, este movimiento busca normalizar una participación política restringida y controlar la narrativa oficial sobre quiénes merecen gobernar y quiénes no.
¿Qué sigue?
El próximo lunes, el gobierno espera consolidar una agenda de trabajo para avanzar en este diálogo con «P» mayúscula. Sin embargo, sin incluir a todas las voces y sin abordar los temas reales de seguridad, legalidad y economía con objetividad, el proceso corre el riesgo de ser otro acto político que no cambia nada.
En resumen, esto no es un diálogo para reparar al país, sino una estrategia para legitimar a sectores afines, marginalizando a quienes han cuestionado la crisis real del país y han pagado por ello un costo político.