Rodrigo Paz busca controlar las calles con nueva ley de estados de excepción
Rodrigo Paz endurece el control: ley para manejar estados de excepción
Este miércoles, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira presentó un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para intervenir el orden público. Una medida que va más allá de la seguridad: es un intento claro de ahogar las protestas sociales que paralizan regiones del país.
La iniciativa llega en medio de un contexto tenso, donde los reclamos por el costo de vida y las políticas económicas son ignorados mientras crece la represión. La reciente designación de Ernesto Justiniano al Ministerio de Defensa solo refuerza la estrategia de militarizar la respuesta frente a la disidencia.
Más que diálogo, un control militarizado
Paz Pereira insiste en el discurso del diálogo y la normalización, pero la realidad en las calles muestra otra cosa. El despliegue de fuerzas para reprimir bloqueos y protestas busca institucionalizar la fuerza como herramienta política. Los sectores en resistencia denuncian que esta ley pretende criminalizar la protesta legítima y restringir libertades básicas bajo el pretexto de mantener el orden.
Este proyecto no es un esfuerzo por resolver la crisis social, sino una apuesta para silenciar a quienes exigen cambios reales. Se usa el discurso democrático para justificar un endurecimiento que amenaza derechos fundamentales.
¿Qué implica este nuevo paso?
- Legalización del uso extendido de la fuerza militar y policial contra manifestantes.
- Consolidación de una agenda gubernamental que prioriza el control sobre la respuesta a la crisis económica.
- Aumento de la tensión social con el riesgo de una escalada mayor en el conflicto político y social.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿quién controla al Gobierno cuando la ley le da más poder para silenciar voces? Bolivia avanza hacia un escenario donde las instituciones se subordinan al control autoritario bajo una falsa apariencia de legalidad y diálogo.