El arma judicial del chavismo que convierte la justicia en persecución política
La creación de tribunales antiterroristas que nadie autorizó
El 17 de octubre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una resolución administrativa para crear tribunales con competencia exclusiva en terrorismo. Sin respaldo legal ni aprobación parlamentaria, esos tribunales se convirtieron en la principal arma judicial del chavismo para perseguir a opositores.
Una estructura judicial sin ley ni control
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada ese mismo año, no contempla tribunales especiales de terrorismo. La creación vino exclusivamente del TSJ, un acto que abogados y expertos han calificado como ilegal e inconstitucional.
Esto ha permitido que esas instancias operen sin transparencia, sin jueces independientes y sin respeto al debido proceso, arrestando y condenando a miles sin fundamentos reales.
De tribunales antiterroristas a herramientas de represión política
Originalmente concebidos para casos reales de terrorismo, estos tribunales ampliaron su definición para procesar protestas, denuncias públicas y activismo político, transformando la justicia en un mecanismo para silenciar la disidencia.
El sistema está diseñado para alejar a los acusados de su entorno y abogados, aumentando la opacidad y la arbitrariedad.
Consecuencias devastadoras para la seguridad jurídica y la democracia
- Más de 2.000 personas han sido detenidas por causas ligadas a esta jurisdicción especial desde 2024.
- La mayoría enfrenta prisión arbitraria, aislamiento prolongado y tratos inhumanos denunciados por organismos como la ONU.
- Las sentencias carecen de base legal sólida, abriendo la puerta a nulidades judiciales y un uso discrecional de la justicia.
¿Qué significa para Venezuela este sistema judicial?
Estos tribunales demuestran que, en Venezuela, la ley se subordina a la política de control. La justicia se convierte en una entelequia para mantener al régimen en el poder cuando las elecciones ya no bastan.
La falta de límites legales reales permite que este aparato siga funcionando, alimentando la inseguridad jurídica y debilitando las instituciones. Mientras tanto, nuevos presos y sentencias arbitrarias se acumulan, evidenciando una crisis judicial sin fin.