Bolivia activa orden de captura contra líderes que desafían al régimen
Persecución judicial en Bolivia: un golpe directo a la oposición
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz confirmó que la orden de captura contra los líderes de las protestas en Bolivia sigue vigente, aunque suspendida temporalmente por errores procesales.
Mario Argollo y Vicente Salazar, dirigentes clave de la Central Obrera Boliviana y la Federación Departamental de Campesinos, siguen en la mira del Estado: no es una cuestión legal, es una herramienta política para silenciar disidencias.
¿Qué significa esta decisión?
Una simple suspensión formal. La Fiscalía debe corregir documentos, pero la orden de captura está lista para reactivarse. El sistema judicial actúa como brazo represor del gobierno de Rodrigo Paz, que criminaliza a quienes protestan contra su gestión.
Esta no es una medida aislada: el Estado impulsa una cacería judicial contra sectores campesinos y obreros que cuestionan el rumbo político y económico actual. Acusan a los líderes de terroristas e instigadores, un intento claro de quebrar el movimiento social que exige cambios genuinos.
El escenario que viene
La judicialización de la protesta no solo endurece la represión, sino que abre la puerta a un control más autoritario sobre la sociedad civil. La continuidad de estas órdenes confirma que cualquier crítica al gobierno pagará un alto precio legal.
La pregunta es clara: ¿seguirá Bolivia permitiendo que la justicia actúe como instrumento político o se preservarán las instituciones para proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta?