Jubilados de CANTV Exponiendo el Fraude: Salud y Derechos en Jaque
Jubilados de CANTV denuncian violaciones graves a sus derechos
Un grupo de 439 pensionados de CANTV en San Cristóbal rompió el silencio ante un problema que la mayoría desconoce: el incumplimiento flagrante del contrato colectivo y el colapso en la atención médica que deberían recibir.
¿Qué pasó?
Desde el año pasado, bajo la dirección del mayor general Iván Hernández, presidente de la empresa, el servicio de Atención Primaria en Salud (APS) para jubilados desapareció. Los convenios médicos con otras instituciones no solo fueron ineficaces, sino que dejaron a los retirados sin apoyo real para emergencias y controles médicos básicos.
El sistema actual obliga a los pensionados a esperar días o semanas tras llamar a números designados, sin garantía alguna de atención. En casos críticos, deben pagar de su bolsillo por consultas y cirugías que la empresa debería cubrir. Muchos viven en la incertidumbre mientras sus reclamos por reembolsos nunca prosperan.
¿Por qué esto cambia el escenario?
El colapso en la atención sanitaria no es un fallo menor: afecta la seguridad y calidad de vida de cientos de jubilados que dedicaron años a la empresa. Casos como el de Orlando Ramírez (cirugía de cataratas pendiente hace un año), Pedro Nieto (desprendimiento de retina sin tratamiento) y Gerson Valera (cirugía de próstata urgente) ilustran un sistema que falla en lo más básico.
Estos ejemplos evidencian que la problemática es generalizada, sistemática y tiene consecuencias letales si no se toman medidas inmediatas.
¿Qué sigue?
La protesta exige que las autoridades nacionales intervengan para exigir a CANTV restaurar las condiciones contractuales vigentes. La homologación salarial debe acompañar la restitución efectiva de derechos en salud para evitar una crisis mayor. Si no se actúa rápido, la salud y la estabilidad financiera de cientos de jubilados seguirán deteriorándose en silencio.
Esta no es una simple disputa laboral: es una falla institucional con impacto directo sobre la seguridad y bienestar de quienes trabajaron en la empresa estatal. Una agenda política no puede estar por encima de este derecho fundamental.