La verdad oculta tras el ‘Constitucionalismo Dialógico’ que redefine el poder judicial
¿Por qué quieren sacudir el poder de los tribunales?
La polémica propuesta del «Constitucionalismo Dialógico» avanza en América Latina con una idea bajo la manga: que no solo los tribunales constitucionales decidan sobre leyes electorales o democráticas. Quiere que se formen mesas de negociación donde jueces, políticos y ciudadanos debatan junto, repartiendo el poder de forma equitativa.
El problema que esconden
Este modelo parte de cuestionar la última palabra judicial, señalando que las decisiones de jueces «liquidan» controversias políticas y estallan conflictos con consecuencias graves para la estabilidad del país. Pero lo que no dicen es que trasladar esa última palabra a «foros públicos» o a asambleas ciudadanas amplía la influencia política y disminuye la seguridad jurídica que solo los tribunales pueden ofrecer.
¿Qué pasó en Venezuela para que esto gane tracción?
Durante 2015-2020, la Sala Constitucional enfrentó a la Asamblea Nacional electa, dictando sentencias cuestionadas pero cumpliendo su función. El desgaste llevó a algunos a promover alternativas que limiten el poder judicial y abran paso a controversias políticas que antes se resolvían con claridad.
¿El nuevo actor? La sociedad civil, pero bajo qué intereses
El constitucionalismo dialógico apuesta a incorporar a la sociedad civil en decisiones que deberían ser claras y técnicas. Sin embargo, esta «mayor participación» puede convertirse en un caldo de cultivo para grupos con agendas políticas que buscan condicionar leyes o decisiones con lógicas partidistas, minando la estabilidad del país.
¿Qué significa esto para la democracia real?
- Riesgo de que la justicia deje de ser un árbitro seguro para convertirse en una pieza más de negociaciones políticas.
- Inseguridad jurídica al sustituir sentencias claras por debates públicos donde la coherencia constitucional puede diluirse.
- Fragmentación del poder que puede abrir puertas a conflictos constantes entre sectores políticos y judiciales.
Lo que viene
Si esta agenda avanza, los tribunales dejarán de ser guardianes definitivos de la Constitución para transformarse en parte de procesos políticos interminables. El resultado: menos certeza, mayor inestabilidad y un debilitamiento institucional que beneficiará a sectores interesados en alargar disputas y bloquear reformas necesarias.
Esta propuesta no busca fortalecer la democracia, sino reinventar el poder judicial para que sea más permeable a las presiones políticas. ¿Estamos listos para sacrificar la justicia estable y la claridad constitucional en nombre de un falso diálogo «democrático»?