Preso político recupera su casa y la encuentra saqueada: ¿Quién protege sus derechos?
Un preso político recupera su casa, pero la encuentra vacía
José Breijo, ciudadano venezolano-uruguayo de 73 años, recibió las llaves de su apartamento en Caracas tras denunciar que un funcionario policial se había apoderado arbitrariamente de su vivienda durante más de dos años.
La entrega fue a medianoche. Breijo, liberado hace tres días tras permanecer detenido desde 2023 en varias cárceles, ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida en un hogar despojado de muebles, ropa y objetos personales.
¿Qué revela este caso sobre la seguridad y la justicia?
Los invadidores se apropiaron de la vivienda que Breijo debía habitar bajo arresto domiciliario. En la casa, lo único que queda es mobiliario perteneciente al funcionario que la usurpó y una cama donada por vecinos, mientras él lucha por su salud y comunicación.
Este episodio no es un caso aislado. Según ONG locales, el 60 % de invasiones similares afectan a personas de la tercera edad y un 25-30 % son extranjeros residentes, como Breijo. Se trata de una práctica sistemática que vulnera propiedad, derechos y seguridad personal de presos políticos.
¿Qué implica para las instituciones y la sociedad?
La impunidad en estos actos erosionan la confianza en la justicia y fortalecen la sensación de inseguridad. Las autoridades constitucionales, en manos de Larry Devoe y Eglée González Lobato, tienen la responsabilidad directa de investigar y sancionar a los responsables.
El futuro es claro: sin respuesta efectiva, la apropiación ilegal de bienes se mantendrá como herramienta de castigo político y acoso social. Breijo logra hoy retornar, pero ¿cuántos más perderán su hogar y derechos sin ninguna protección?