CPT: El arma legal para destruir sindicatos y controlar empresas privadas
Los Consejos Productivos de Trabajadores siguen vivos pese a su función real
El gobierno, las centrales sindicales oficiales y Fedecámaras negocian la regulación de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), una figura creada para minar los sindicatos y controlar la propiedad privada.
Estos consejos no son una simple organización laboral: forman parte del esquema autoritario del Estado Comunal desde 2007, destinados a remplazar a los sindicatos y asegurar el control estatal sobre empresas públicas y privadas.
¿Por qué importa esta batalla?
Los CPT fueron formalizados ilegalmente en 2018 por una Asamblea Constituyente sin legitimidad, aprobando una ley que pone en jaque la libertad sindical y el secreto industrial. Además, la inclusión obligatoria de «trabajadores milicianos» apunta a un control ideológico que va más allá de las relaciones laborales.
Fedecámaras rechaza esta figura porque atenta contra la propiedad privada y la estabilidad laboral, pero sorprendentemente acepta limitar los CPT al sector público y restringirles funciones en empresas privadas, una concesión peligrosa que legitima un mecanismo hostil al desarrollo empresarial.
Un respaldo internacional que no se siente
La OIT, a través de su comisión de encuestas, ha expresado su rechazo a los CPT por violar derechos laborales básicos. Sin embargo, el oficialismo ignora esta advertencia alegando la presencia de unos 40 mil consejos, usando la cantidad para justificar lo injustificable.
Las sombras del pasado reaparecen
Los CPT son descendientes directos de los consejos obreros de la revolución rusa y su corrupción soviética. Su versión actual es comparable a los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba: estructuras de vigilancia política dentro del mundo laboral.
Su permanencia en Venezuela es un síntoma claro del régimen autoritario que se resiste a soltar el control, un lastre que debe ser eliminado si es cierto que vivimos un «nuevo momento político» tras el 3 de enero.
¿Qué se espera en adelante?
En los próximos 15 días se debe presentar una propuesta de reglamento para los CPT en la mesa del Diálogo Social, una instancia que desde 2022 no ofrece soluciones sino frustración. Lo urgente y real es enfocar el diálogo en recuperar el poder adquisitivo, la seguridad social y un trabajo digno, no mantener herramientas de control obsoletas y nocivas.
El país no puede permitir que una figura laboral diseñada para atentar contra la libertad y la propiedad siga vigente con carta blanca de todos los sectores sociales involucrados. El statu quo tiene que romperse para recuperar las bases de la economía y la legalidad.