23 años presos sin justicia real
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina dejaron la cárcel tras 23 años tras las rejas. Pero su libertad no es completa ni definitiva. Apenas salieron, el sistema judicial les volvió a imponer restricciones y postergó decisiones clave sobre su situación.
¿Por qué importa esto?
Este caso refleja la perversión de la justicia en Venezuela. No se trata de un proceso jurídico normal, sino de una herramienta de control político que ha mantenido presos a estos exfuncionarios más allá de cualquier razón legal.
La audiencia para definir las condiciones de su excarcelación fue aplazada varias veces, reiterando un patrón de dilación y arbitrariedad que se prolonga desde 2002.
El costo humano que nadie ve
- Más de dos décadas de prisión significan pérdida de juventud, vida familiar y estabilidad.
- Familias desmembradas, hijos condenados a crecer con el abandono impuesto.
- Esposas obligadas a multiplicarse en roles y cargas sin apoyo institucional.
Esta «libertad a medias» no tiene forma de reparar un daño intergeneracional que marcó para siempre a estas familias.
¿Qué viene después?
Mientras el tribunal sigue reprogramando audiencias y condiciones, el mensaje queda claro: en Venezuela, la justicia sigue subordinada a decisiones políticas, no al derecho. Las garantías procesales se sacrifican en función de intereses de poder.
Este caso debe servir como advertencia para todo el país: cuando el sistema judicial se politiza, ninguna familia ni ciudadano están a salvo. La manipulación de las penas y la prolongación de detenciones sin justificación legal son riesgos reales que ponen en jaque la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
La salida de estos hombres no es un acto de justicia, es un paso obligado por presión social. La verdadera prueba será si el Estado reconoce las irregularidades y deja atrás la política para aplicar el derecho con transparencia.