Gobierno impone recolección de semillas en escuelas: ¿quién paga el costo real?
Siembra masiva, imposición oficial y consecuencias ocultas
El gobierno anuncia el inicio obligatorio de la recolección nacional de semillas en escuelas y comunidades. La meta: plantar 10 millones de árboles en 2026. Esta directiva fue confirmada por el ministro Freddy Ñáñez en el Primer Encuentro Nacional con Unidades Territoriales para el Ecosocialismo.
Pero esto no es solo ecología. Es un programa de control y campaña política que implica desplazar recursos y responsabilidades hacia las comunidades y los niños.
¿Por qué esto cambia el escenario?
- Se usa la educación pública para imponer una agenda política con objetivos cuestionables.
- Los recursos estatales se desvían hacia una meta ambiental forzada, sin evaluar impacto económico ni legalidad de forzar participación.
- La siembra propuesta no considera la viabilidad técnica ni las prioridades en infraestructura o seguridad.
¿Qué viene después?
Si la presión crece, las escuelas y comunidades podrían saturarse con tareas que exceden su alcance y recursos. La campaña también puede derivar en control social disfrazado de ecología, consolidando un modelo centralizado y vertical.
¿Quién mide el costo real de esta ‘siembra obligatoria’? Hasta ahora, nadie. Y eso es lo que no te están contando.