Primo de Delcy Rodríguez detiene inscripciones de ONG en Venezuela: ¿control o censura?
El Saren, en manos de un pariente de la vicepresidenta, se vuelve filtro para ONG
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), comandado por Abel Ernesto Durán Gómez, primo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se ha transformado en el cuello de botella para registrar ONG en Venezuela.
Organizaciones desde derechos humanos hasta la patronal Fedecámaras enfrentan trabas y rechazos burocráticos que les impiden actualizar datos o inscribirse oficialmente.
Por qué esto cambia el tablero político y social
Pese a la relación entre Fedecámaras y el gobierno, en julio de 2025 no se ha podido registrar el acta con la última junta directiva, lo cual refleja una voluntad clara de impedir la formalización de actores sociales relevantes.
La excusa gira en torno a la polémica Ley Anti-ONG, aprobada en septiembre de 2024, que impone restricciones severas para operar y limita la libertad de asociación legítima en el país, en un contexto político ya tensionado.
¿Qué está detrás del bloqueo de registros?
Abogados que han intentado registrar fundaciones para fines culturales, derechos humanos y gestión social denuncian que los documentos simplemente desaparecen en una «gaveta» del Saren que nunca responde, bajo el argumento —implícito— de que estas ONG buscan hacer política.
Esta actitud burocrática mantiene a la sociedad civil aparte, sin herramientas legales para operar con normalidad, y apunta a un control indirecto más que a una expresión de prioridades políticas evidentes.
Un futuro con control firme y menos sociedad civil organizada
Si este patrón se mantiene, la sociedad civil venezolana seguirá desactivada y con pocas opciones formales para actuar o cuestionar al poder. La demora y el bloqueo administrativo no son errores: constituyen una estrategia para amordazar la participación fuera del circuito oficial.
En resumen: el control de las ONG se consolida como vía para perpetuar un estado con menos contrapesos, mientras sectores empresariales y sociales comparten la incertidumbre sobre sus derechos básicos.