Venezuela: desapariciones forzadas multiplicadas por ocho en un cuarto de siglo
Un aumento brutal del 841% en desapariciones forzadas documenta un informe clave sobre Venezuela. No es casualidad, sino resultado directo de políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que usan el secuestro legalizado como herramienta para aplastar la oposición y controlar a la sociedad.
¿Qué pasó?
Provea, ONG reconocida, reportó 160 víctimas en 2025, un 196% más que en 2024 en desapariciones forzadas. Se duplicaron las denuncias de torturas y detenciones arbitrarias que ahora adoptan formas más sofisticadas y clandestinas. El Estado no sólo reprime en masa: selecciona, encierra y desaparece a líderes sociales, periodistas y activistas sin dejar rastro.
Un régimen que convierte ilegalidad en política de Estado
La militarización de la represión es evidente. El Dgcim y el Sebin encabezan arrestos, mientras la justicia sirve de instrumento para condenar opositores con acusaciones fabricadas: terrorismo, conspiración e incitación al odio que buscan intimidar y paralizar el activismo político y social. La desaparición temporal es la norma: 85% de los arrestos superaron 72 horas sin información alguna.
Casos emblemáticos como el de Víctor Quero Navas muestran la brutal realidad: desaparecido desde su arresto, su familia sólo supo que murió casi un año después. En paralelo, la persecución se extiende a familiares, profundizando el silencio forzado y la impunidad.
¿Por qué esto cambia todo?
Este no es un problema aislado. El uso sistemático de desapariciones y torturas indica la existencia de un terrorismo de Estado. Maduro consolida un aparato de control social que desmonta la Constitución y anula derechos fundamentales bajo leyes ambiguas y penalizaciones arbitrarias.
El poder judicial ya no actúa como garante de derechos, sino como brazo represor dependiente del partido gobernante. Más aún, con un índice mundial de Estado de Derecho absolutamente crítico, Venezuela se ha convertido en laboratorio de la represión legalizada en América Latina.
¿Qué viene ahora?
Sin cambiar el régimen ni la estructura de poder, la represión se intensificará. La desaparición forzada será usada como práctica regular para disuadir y eliminar focos de resistencia. La militarización seguirá creciendo, al igual que las prácticas torturantes y la criminalización absoluta de la disidencia.
Esto supone una grave amenaza a la seguridad, la libertad y la legalidad, con consecuencias directas sobre la estabilidad social y política. Quedarse callado no es opción: la comunidad internacional y los sectores políticos nacionales deben reconocer que Venezuela enfrenta una dictadura represiva que emplea el secuestro y la tortura como política de Estado.